La aplicación de políticas de competencia parece tener efectos previsibles en la mayoría de las industrias donde, durante décadas, se han aplicado. Sin embargo, en las últimas dos décadas han surgido algunos fenómenos de mercado que sugieren la necesidad de reevaluar la forma en que actúa el sector público cuando la concentración de la oferta surge ya no de la fusión de empresas o de prácticas que pudieran calificarse de lesivas del interés económico general, sino de la propia dinámica de crecimiento e innovación de la actividad. Comprendidas en esta definición se encuentran las llamadas industrias de la nueva economía. La existencia de derechos de propiedad intelectual introduce una nueva complicación al análisis toda vez que se pueden oponer los derechos de quien innova con el interés público general cuando la innovación no es comercializada de acuerdo a las normas tradicionales de competencia. Este último aspecto es crucial cuando el autor no desea voluntariamente licenciar su producto a terceros lo cual produce una tasa de diseminación del conocimiento menor que la socialmente deseada, un fenómeno parecido al estudiado en el campo de la economía pública respecto a la provisión de bienes públicos. Finalmente, aparece un problema de competencia asociado a las licencias cruzadas entre productores conocidos como licenciamiento cruzado, pools de patentes o adopción de estándares conjuntos. En este contexto se vuelve necesario debatir la validez de las herramientas más conocidas de la política de competencia y quizás de otras formas de política pública en relación a la innovación ya que ellas han sido originadas en contextos distintos.