El agua potable y la electricidad son servicios básicos que durante la crisis del COVID-19 demostraron ser esenciales para combatir sus impactos. Al mismo tiempo, representaron una oportunidad de inversión para impulsar la reactivación económica en los países de la región. Desde los primeros meses de 2022, estos sectores se encuentran especialmente amenazados debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre el precio mundial de los combustibles fósiles, insumos básicos para ambos sectores, lo que junto al incremento de precios de aceites, cereales y fertilizantes derivan en aumento de la pobreza e inseguridad energética, hídrica y alimenticia en la región. En América Latina y el Caribe persisten grandes desigualdades en el acceso tanto a energía como a agua potable y saneamiento, debido a insuficiencias de infraestructura de calidad para el abastecimiento que garantice la seguridad hídrica y energética de todas las personas. Actualmente en la región 161 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de manera segura, 431 millones no tienen acceso a saneamiento gestionado de manera segura, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Existe por tanto una necesidad y también una oportunidad de impulsar la inversión para universalizar la cobertura de estos servicios a toda la población, la que además genera empleos verdes y nuevos ingresos, reduce los impactos sobre el medio ambiente y mejore la salud pública.