Ecuador, al igual que otros países de América Latina, posee abundantes recursos naturales que han sustentado desde hace décadas el desarrollo del país, principalmente basado en la expansión de las actividades extractivas. A la par, el marco constitucional aprobado en 2008 imprime una visión de vanguardia al reconocer derechos a la naturaleza y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el buen vivir, como un modelo de desarrollo armónico del ser humano con la naturaleza. Este reconocimiento de la importancia de garantizar la sostenibilidad ambiental convive con el impulso de políticas que promueven el aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos los relacionados al sector de la minería, lo cual genera una creciente conflictividad socio-ambiental, relacionada justamente con el manejo y la explotación de los recursos naturales y la forma en que la ciudadanía, y en especial los pueblos indígenas, participa en la toma de estas decisiones. En este marco, esta publicación aborda la relación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, y el sector minero, de modo de rescatar buenas prácticas y recomendaciones que permitan profundizar en la gestión sostenible de los recursos mineros y en la prevención de los conflictos socioambientales y promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.