En 1980, justo antes de la crisis de la deuda y en contraste con la experiencia del resto de América Latina, prácticamente toda la población costarricense contaba con empleos formales y servicios sociales de calidad. Para explicar esta doble incorporación social y laboral, en este artículo se cuestionan el papel de la distribución de la tierra, la calidad de las instituciones públicas y la democracia. En su lugar, nos enfocamos en el proceso de construcción del Estado mediante el cual una pequeña élite emergente de empresarios y profesionales urbanos, nutriéndose de ideas internacionales y adaptándolas adecuadamente, utilizó la política pública para manejar el conflicto social y ampliar sus propias oportunidades económicas. Más allá de Costa Rica, este análisis tiene especial relevancia en el marco del creciente énfasis en la economía política de las políticas públicas y de la aún insuficiente atención a las élites que participan en su diseño.