Uruguay se ha ubicado en un extremo del abanico de las opciones de reforma adoptadas por los países de la región. Ha mantenido en manos del Estado la propiedad del núcleo duro empresarial y el rol preponderante en el proceso de decisión e implementación de políticas públicas. Su pequeño tamaño relativo, la existencia de una fuerte tradición estatal, y el uso del instrumento plebiscitario en temas de fundamental importancia para el país, explican las características del proceso de reforma sectorial.No obstante ello, a partir de la promulgación de la Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, se concretaron modificaciones de carácter institucional y regulatorio, que permanecen vigentes hasta hoy, al mismo tiempo que se mantiene la existencia de una empresa eléctrica estatal integrada verticalmente, monopólica en la trasmisión y distribución en todo el territorio nacional, y donde se verifica una creciente participación del Estado en la fijación de los lineamientos estratégicos del sector.La crisis económica del 2002, los cambios en la industria del gas argentina, las restricciones de los contratos de importación, los inconvenientes para incorporar nueva oferta de generación, y la elevada variabilidad hidrológica fueron, entre otros, los factores que pusieron en tela de juicio los postulados de las reformas impulsadas en los 90' y reafirmaron la necesidad de impulsar una estrategia que tuviera en cuenta las especificidades del Uruguay y el momento histórico por el que está atravesando la región.Adicionalmente, y para superar esas dificultades se implementaron acciones de corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel nacional (equipamiento flexible, el ingreso de generadores privados para impulsar generación distribuida y las ERNC, y la profundización de acciones de URE), como con los países vecinos (recuperando el aprendizaje de cooperación de Salto Grande, y distanciándose de experiencias orientadas puramente hacia las oportunidades de negocio).Todo este proceso ha sido acompañado por la consolidación gradual de la separación de roles, la profesionalización de la gestión, la explicitación de subsidios, la generación de incentivos adecuados, y la aplicación de cuadros tarifarios que al reflejar los costos de suministro garantizan a futuro la calidad del servicio, el mantenimiento del patrimonio empresarial, la realización de aportes al Fisco, y la obtención de financiamiento.Este artículo analiza entre otras, estas cuestiones, y se propone otorgar elementos para evaluar el modelo estructural adoptado por el sector eléctrico uruguayo.