En años recientes el gobierno mexicano se ha comprometido a cumplir ambiciosas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, un análisis de las reformas en el sector energía de 2008 revela que en las medidas adoptadas no está definido adecuadamente el papel que tendrán las dos empresas estatales del sector, PEMEX y la CFE, en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. México se ha beneficiado de los dos monopolios estatales en el sector energía a lo largo de los años. La cobertura de electricidad de casi el 95% alcanzada por la CFE en los años noventa y la contribución de un tercio a los ingresos estatales por PEMEX son los logros clave que han sido posibles por conducto de los monopolios de energía. Funcionando dentro de un marco exclusivo, pareciera de vez en cuando que los dos monopolios moldean las políticas de estado para satisfacer sus propias necesidades. La ausencia de un marco regulatorio adecuado para el sector energía no impidió al gobierno comprometerse a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. Hay un incremento de conciencia en México sobre la necesidad de bajar la emisión de gases de efecto invernadero y de cambiar la canasta energética del país que depende en 91% de los combustibles fósiles, incrementando la participación de las fuentes renovables de energía. Sin embargo, la reforma de 2008 falló en modificar la estructura monopólica de las dos compañías del sector, debido a que las iniciativas de las leyes relativas al cambio climático fueron promulgadas dentro del marco monopólico existente.