Las condiciones en que se desenvuelve la sociedad han cambiado. Los principios de democracia y derechos de las personas, además del explosivo desarrollo de las comunicaciones, han fomentado los deseos de participación ciudadana en muchos ámbitos reservados antes solo a las esferas del Estado. Ello se refleja también en la actitud de los usuarios de servicios públicos, quienes ya no aceptan recibir cualquier tipo de atención de parte de los entes encargados; por el contrario, los usuarios ejercen una creciente presión sobre ellos, demandando mejores servicios a cambio de las tarifas pagadas. Los organismos viales no escapan a esta tendencia. Ya no pueden mantener su tradicional aislamiento frente al público y a los usuarios, en asuntos como la toma de decisiones o la rendición de cuentas de los resultados alcanzados. A esto se agrega que actualmente no basta con proveer redes viales, sino que se necesita una gestión que asegure mejores niveles de servicio, aceptables para usuarios cada vez más exigentes. Es así que el estilo habitual de manejar las vías se ha tornado insatisfactorio y nuevas actitudes se están abriendo paso. Paulatinamente se esboza una apertura a los intereses y opiniones de los usuarios, quienes cada vez más son considerados interlocutores válidos y participantes en la gestión. Este significativo cambio, del cual hay numerosas manifestaciones en diversos países, incluidos los latinoamericanos, promete transformar profundamente la forma de manejar las vías públicas. Las innovaciones son recientes y muchas se encuentran aún en estado embrionario. Las medidas concretas que se han ensayado o propuesto son muy variadas y abarcan un gran espectro. No se pueden predecir aún las dimensiones y alcances que llegará a tener su evolución, ni qué aspectos lograrán afianzarse como prácticas habituales, pero las transformaciones están en marcha. Este artículo pretende reseñar los principales cambios que se están registrando y las nuevas perspectivas que se han abierto a los usuarios.