La elaboración de este documento se llevó a cabo en el marco del proyecto de cooperación técnica PAN/07/002 entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá.SINTESISEn el período 1996-2007 la economía panameña mostró, en líneas generales, un buen desempeño ya que el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa de 5,4% anual. El dinamismo fue mayor en el cuatrienio 2004-2007, en que el aumento del PIB llegó al 8,7%, con un 11,2% en el 2007. Así, el producto por habitante se incrementó a una tasa media anual del 3,5% durante ese período, y de 6,8% entre 2004 y 2007. A su vez, la inflación fue reducida en todos estos años -el índice de Precios al Consumidor (IPC) creció a menos del 2% anual entre 1996 y 2006-, aunque se aceleró en 2007, registrando un repunte inédito del 6,6% en el rubro de alimentos.El crecimiento de la economía repercutió favorablemente en la ocupación, impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo. En efecto, entre 2001 y 2007 el volumen de empleo aumentó a un ritmo de 4,4% anual (29,7% acumulado en los 6 años), lo que representa más de 310 mil nuevas plazas en todo el período, donde casi 200 mil corresponden a empleo generado entre el año 2003 y el 2007. Estas cifras revelan una elevada elasticidad empleo-producto cuyo promedio fue de 0,62 para todo el período; sin embargo, la misma se redujo fuertemente en 2006 (0,23) y registró un valor significativo, pero todavía por debajo del promedio, en 2007 (0,43).Los sectores que más contribuyeron al aumento de la ocupación fueron el comercio (casi 60 mil puestos), la construcción (54 mil empleos) y los servicios sociales (43 mil puestos), que de manera conjunta ofertaron más de la mitad de los nuevos empleos, en tanto que las actividades del sector agropecuario y de la manufactura aportaron conjuntamente un total cercano a las 54 mil plazas. El importante aumento del empleo propició una significativa reducción tanto de la desocupación o desempleo total (que incluye el desempleo oculto) como del desempleo abierto. El primero cayó de 14% de la población económicamente activa (PEA) en 1996 a 6,4% en 2007; el mayor avance se produjo entre 2003 y 2007, cuando el desempleo total disminuyó casi 7 puntos porcentuales, de 13,2% a 6,4%. Por su parte, el desempleo abierto se redujo del 11,2% al 4,7% entre los extremos del período considerado. A ello contribuyó también una tasa de participación relativamente estable desde 2002, aunque su efecto fue menos significativo que el derivado de la dinámica productiva y el consecuente aumento de la ocupación.El subempleo visible (quienes trabajan involuntariamente una jornada parcial) y el invisible (por ingresos insuficientes) también mostraron un comportamiento descendente desde 2004, año a partir del cual se miden estas variables.Las remuneraciones, en cambio, no siguieron la misma tendencia que la actividad económica, experimentando un deterioro significativo. En efecto, entre 2001 y 2007, el salario medio real se redujo 14% según cifras de la encuesta de hogares. Cabe recordar que a lo largo de este período la productividad creció a un ritmo superior al 2% anual. Esta evolución de los ingresos del trabajo ha imposibilitado disminuir la proporción de ocupados con ingresos inferiores al salario mínimo, la que sigue rondando el 25%; en tanto que solo un tercio alcanza una remuneración superior al doble de ese umbral. Ahora bien, entre varones y mujeres no existen diferencias importantes en esos porcentajes, mientras que se han mantenido las amplias diferencias entre quienes trabajan en las zonas urbanas y rurales.El nivel de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo ha aumentado sostenidamente llegando a cerca de 10 años, inferior al requerido en el ciclo de educación secundaria completa. No obstante, los retornos al capital educacional que se obtienen en el mercado de trabajo han venido disminuyendo en relación a los de 2001.La discusión de lo sucedido con el nivel de actividad, el empleo y las remuneraciones constituye el marco para el análisis de la dinámica de la pobreza, cuyas estimaciones constituyen la contribución principal del estudio que se reporta en este documento.Dichas estimaciones de la incidencia y otras características de la pobreza permiten constatar la existencia de avances en esta dimensión, derivados del crecimiento de la economía, de la política fiscal expansiva que -entre otras cosas- ha mejorado el poder adquisitivo de los ingresos bajos, y de los cambios progresivos en la distribución del ingreso.Entre 2001 y 2007, el porcentaje de personas en situación de indigencia o de pobreza extrema a nivel nacional descendió del 19,2% al 11,7%. La incidencia de la pobreza, en tanto, bajó de 36,7% a 28,6%. En ambos casos, la disminución fue algo mayor en las áreas urbanas que en las rurales. A su vez, las mayores caídas de la indigencia y la pobreza se registraron en la Región Oriental y en la Metropolitana, pese a lo cual esta última continúa registrando la mayor concentración de personas pobres.También se redujo en estos años el indicador que da cuenta del déficit de ingreso de los pobres (brecha de la pobreza), así como el de severidad o intensidad de la pobreza (FGT2). A su vez, el mejoramiento del ingreso real de las familias fue mayor en el área rural que en la urbana; no obstante, persisten importantes diferencias en el nivel de esos ingresos en detrimento de los residentes en áreas rurales.Por otra parte, los datos de las encuestas de hogares indican que una de cada cuatro personas en situación de indigencia y de pobreza tiene menos de 13 años de edad. Esto es preocupante ya que este segmento poblacional es particularmente sensible a tal situación en tanto resulta el más propenso a sufrir los embates del hambre y la desnutrición, pero también porque condiciona negativamente las posibilidades que, en la vida adulta, logren insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo y alcanzar ingresos adecuados.En virtud de los avances alcanzados en la reducción de la pobreza, debiera considerarse que Panamá se encuentra en trayectoria para cumplir la primera meta del Milenio; esto es, de reducir a la mitad en el año 2015 la proporción de población en pobreza extrema con relación a la de 1990. Más aún, de mantenerse la tendencia, es altamente probable que el país logre satisfacer también la meta más ambiciosa de reducir a la mitad -en el mismo período- la pobreza total.Diversos índices de concentración apuntan a que la distribución del ingreso ha mostrado algunas mejoras entre 2001 y 2007. El coeficiente de Gini, por ejemplo, se redujo de 0,55 en 2001 a 0,52 en 2007. No obstante, se mantiene una alta concentración del ingreso que se refleja en el hecho que en 2007 el 40% de las familias de menores recursos concentró el 10,4% del ingreso total, mientras que el 10% más rico captó el 38,6%.En este contexto, no sorprende verificar que tanto el crecimiento del ingreso medio de los hogares como la mejoría en la distribución constituyen factores determinantes a la hora de explicar la reducción de la indigencia y la pobreza en el período analizado.Por su parte, en 2007 el gasto público representó el 37,4% del PIB, porcentaje que se mantuvo inalterado en los últimos tres años. A su vez, el gasto público destinado a los sectores sociales representó el 16,5% del PIB; es decir, 1,4 puntos porcentuales menos que en 1996. No obstante, la cuantía del gasto social aumentó 67,6% entre 1996 y 2007, lo que equivale a una tasa de variación anual de 5,6%. Los incrementos más importantes se apreciaron en el sector trabajo y seguridad social (6,9% anual) y en educación pública (6,0%), mientras que las asignaciones al sector de la vivienda disminuyeron 8,0% (de 50 a 46 millones de balboas) entre 1997 y 2007. En tanto, el gasto social por habitante creció 49% en los últimos 12 años (4,9% promedio anual).En materia de políticas públicas, las cifras que se examinan en este informe permiten señalar que el impacto de la Red de Oportunidades en el ingreso de los hogares beneficiarios es importante pero insuficiente, si se comparan los recursos de las familias en extrema pobreza con el costo de la canasta básica alimentaria (CBA). Pese a ello, las transferencias de la Red contribuyen a reducir el déficit de ingreso de los más pobres con respecto al valor de las líneas de indigencia y de pobreza.