Resumen Durante el bienio 1998-2000 las políticas comerciales en el Istmo Centroamericano se caracterizaron por su continuidad y un relativo cambio de enfoque desde el ámbito intrarregional hacia la apertura en la esfera extrarregional. En el plano regional, los países siguieron implementando de manera diferenciada el calendario de desgravación tanto en su velocidad como en sus metas de techo y piso. Mientras que Costa Rica, El Salvador y Guatemala cumplieron las metas pactadas, Honduras mantiene un arancel del 3% para bienes de capital y Nicaragua un 1%. La libertad en el comercio intrarregional no abarca todos los productos y existen aún numerosos obstáculos a la libre circulación de mercancías. Entre éstos cabe señalar no sólo los aranceles diferenciados por país para productos específicos, sino también las cláusulas de salvaguardia. De acuerdo con el artículo XXV del Tratado de Integración Centroamericana, éstas permiten aumentar o disminuir la tasa arancelaria por encima del arancel acordado intrarregionalmente para un producto determinado, según lo requieran las circunstancias. El aumento significa elevar la protección para impedir la entrada de un producto procedente de un socio comercial extrarregional. Sin embargo, en los casos en que haya una disminución de una tasa arancelaria por debajo de aquella pactada intrarregionalmente, se favorece la entrada de productos foráneos, en detrimento de los socios comerciales intrarregionales que no la modifiquen. La profundidad y velocidad del proceso de integración regional ha llevado como alternativa acciones entre pares de países, como la formación de una unión aduanera entre El Salvador y Guatemala. Mediante dicho acuerdo, El Salvador y Guatemala adoptarán un arancel único y pactarán la desaparición de las aduanas entre los dos países; igualmente, negociarán como un único socio comercial frente a terceros. Esta estrategia contrasta con una concepción de integración que tradicionalmente trataba de incluir a todos los países de manera simultánea. Hay que reconocer que, sin embargo, al tratar de acomodar sus intereses dispares con tratamientos diferenciados, no siempre fueron congruentes con los fines perseguidos. En lo referente a las relaciones extrarregionales, los países centroamericanos han seguido la senda de la apertura y la promoción de exportaciones, iniciando (y en algunos casos cerrando) negociaciones de libre comercio con distintos países (Colombia, Chile, República Dominicana y México). Se considera que la promoción de exportaciones es la mejor forma de enfrentar la restricción externa que suelen tener las economías abiertas y pequeñas. Ello lleva a una creciente preocupación por los efectos que pueda tener en el desempeño exportador de los países la eliminación de los subsidios a las zonas francas en un futuro cercano y la aplicación más estricta de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Mientras El Salvador espera poder prolongar las negociaciones en torno a los beneficios que reciben las zonas francas, Guatemala está delineando lo que podrían ser incentivos de segunda generación, es decir, que no contravendrían las normas multilaterales del comercio internacional. Entre los acuerdos comerciales firmados en el período, el más importante sin lugar a dudas fue el Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) con México, producto de la reunión de mandatarios de Tuxtla Gutiérrez I (1991) que proponía la suscripción entre México y los países centroamericanos de acuerdos de complementación económica que contemplaban una serie de aspectos además de lo comercial. Este tratado cerró el ciclo de negociaciones y completó los ya suscritos con Costa Rica (en 1995) y Nicaragua (en 1997). Este último tratado, a semejanza de los anteriores y siguiendo el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), busca no sólo promover el intercambio comercial sino también atraer inversión extranjera a los países participantes. La experiencia habida en la implementación de los tratados de libre comercio entre México y Costa Rica y Nicaragua revelarían dos hechos que no son del todo alentadores. En primer lugar, una concentración de productos de exportación centroamericanos (aceite de palma para Costa Rica y cacahuates para Nicaragua) y, en segundo lugar, una concentración de empresas de exportación (en el caso de Costa Rica el 56% de la exportación hacia México corresponde a dos empresas). En lo concerniente a relaciones comerciales extrarregionales y multilaterales, los países centroamericanos se han beneficiado de la ampliación de los beneficios que otorga Estados Unidos al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC, cuyos efectos están aún por analizar y cuantificar) y de la adopción de un arancel cero por parte de la Unión Europea para los productos industriales centroamericanos. El documento se divide en cuatro apartados. El primero analiza los cambios y continuidades en las medidas comerciales tradicionales (aranceles, cláusulas de salvaguardia, cargas y gravámenes no arancelarios y controles cuantitativos). El segundo se centra en las políticas de promoción de exportaciones. El tercero examina los acuerdos de libre comercio, centrándose en los acuerdos con México. El último apartado se ocupa de los cambios en las condiciones extrarregionales y multilaterales (la ICC y el Sistema Generalizado de Preferencias) que pudieran afectar a la posición comercial de Centroamérica los Estados Unidos y la Unión Europea.