Resumen El uso eficiente de la energía (UEE); constituye una de las opciones tecnológicas de expansión del sistema energético más importantes en el contexto del desarrollo sustentable. Según datos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE);, la participación del uso eficiente de la energía en el consumo mundial de energía en 1996 superó los 2 500 millones de toneladas de petróleo equivalente anual. Esto quiere decir que de no haberse tomado medidas en el campo del uso eficiente el consumo de energía sería un 25% mayor y los problemas ambientales más agudos. La mayor contribución proviene de los países desarrollados. A la inversa, la contribución de los países en desarrollo, incluida América Latina, es débil. Variadas y numerosas son las razones que explican este contraste. Una de ellas es que los primeros, en su gran mayoría, han sabido dotarse de políticas de uso eficiente de la energía, consagradas como piezas fundamentales de sus respectivas políticas energéticas; otra es que los países industrializados han diseñado y adoptado marcos regulatorios que han estimulado y fomentado cambios conductuales de los sectores usuarios consistentes con un uso más racional de los recursos energéticos. Esto último ha sido fundamental para superar las limitaciones inherentes al mercado. Un análisis cuidadoso de las experiencias en campo del uso eficiente y la revisión de antecedentes relativos al tema permiten afirmar dos aspectos esenciales que derivan de esta Guía para la formulación de los marcos regulatorios: primero, que las medidas de uso eficiente de la energía abordadas, lejos de ser contradictorias con las necesidades ingentes de energía de vastos sectores de la población del continente, ponen el acento en la calidad (eficiencia); más que en la cantidad (suficiencia);; segundo, que a la luz de los desafíos actuales —económicos, pero sobre todo ambientales (cambio climático, desarrollo de megaproyectos, etc.);— el uso eficiente aparece como una opción privilegiada, al posibilitar no sólo la adopción de medidas conducentes a lograr una mejor gestión de la energía y los recursos, sino, además, reducir inequidades, evitar el deterioro del medio ambiente y mejorar la competitividad de las empresas, tareas constitutivas de una acción legislativa en la que los parlamentos de los países de la región pueden asumir un papel importante.