Resumen En este documento se presenta la experiencia chilena sobre políticas públicas orientadas hacia el mercado de trabajo, tanto de naturaleza pasiva como activa. El período cubierto se centra principalmente en la década de los noventa; sin embargo, rescata las primeras experiencias de políticas de creación directa de empleos de parte del Estado desde 1975, y se adentra en el nuevo conjunto de políticas emprendidas durante los años 2000, incluyendo el recientemente iniciado seguro de desempleo en el año 2002. Además, se exponen las principales experiencias de evaluación de este tipo de programas, desde las experiencias de monitoreo y seguimiento hasta la aplicación de las técnicas de evaluación de impacto más avanzadas. Se intenta, asimismo, ubicar los diferentes programas ejecutados con relación al entorno económico de la época en que fueron diseñados, su justificación y alcances. Cronológicamente hablando, la primera experiencia de creación directa de empleos por medio de recursos fiscales se remonta al año 1975, cuando la economía estaba sometida a un profundo ajuste estructural y de estabilización económica. Seguidamente, durante la década de los noventa, el énfasis de las políticas orientadas hacia el mercado de trabajo fueron básicamente de naturaleza activa, por medio de programas de calificación de la mano de obra. Su propósito fue fortalecer la capacidad de empleabilidad de determinados grupos poblacionales, particularmente vulnerables frente al problema del empleo, así como la atención de trabajadores ocupados con miras a elevar su productividad y la competitividad de las actividades económicas en que están insertos. Hacia fines de la década de los noventa, a raíz de los efectos negativos de la crisis asiática sobre la creación de nuevos empleos, se renovó la ejecución de programas de creación directa de empleos con financiamiento fiscal. Los programas de empleo tuvieron una cobertura nacional y fueron ejecutados por medio de una descentralización administrativa de carácter regional, haciendo uso de los instrumentos de intermediación disponibles a través de las Oficinas Municipales de Información Laboral.